El sector informal está constituido por el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan al margen de las normas legales en general y de las normas tributarias en particular, que rigen las actividades económicas en nuestro país.

La informalidad, característica fundamental del subdesarrollo, en el fondo no tiene una causa única, sino que es producto de la combinación de precarios servicios públicos, de un agobiante régimen normativo y tributario, y de la frágil capacidad de supervisión del estado; todo ello, producto de mantener bajos niveles educativos y de contar con una larga lista de funcionarios y autoridades que no cuentan con el perfil adecuado para el cargo.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 2023 la tasa de empleo informal llegó al 71% (74% en el 2022), logrando una mínima reducción.

Según el tipo de actividad económica, la informalidad se concentró principalmente en los sectores agricultura, pesca y minería, llegando al 91%, construcción al 79%, comercio al 72% y servicios al 59%.

Aun cuando se espera que para este año aterricemos con una tasa de inflación casi dentro del rango meta –entre 1% y 3%–, un fenómeno de El Niño débil y sin conflictos sociales de importancia en el corto plazo; y esperando un crecimiento de alrededor del 3% del PBI; la percepción del casi 50% de la población se mantiene pesimista.

Lo cierto es que, cuando la actividad económica se contrae, el desempleo aumenta; es decir, la población en edad de trabajar tendría que subsistir y para hacerlo no le queda otra alternativa que aceptar las condiciones que ofrece el mercado laboral informal.

La informalidad laboral golpea negativamente el crecimiento económico de un país, la productividad de los trabajadores y el bienestar social, limitando el acceso al crédito de los involucrados, y llegando a reducir la recaudación tributaria de manera significativa.